El Gobierno presenta su reforma judicial y empieza una nueva etapa de conflicto con la oposición

Esta semana empieza una etapa clave para el presidente Alberto Fernández. El Poder Ejecutivo enviaría el miércoles próximo al Senado los dos proyectos de ley de reforma judicial, que desatarán el mayor conflicto político con la oposición de Juntos por el Cambio. Un proyecto buscará ampliar a 46 la cantidad de juzgados federales, donde se investigan las causas de corrupción. El otro, ampliar el número de miembros de la Corte Suprema y dividirla en seis salas para nombrar jueces confiables.

«El proyecto se presentaría el miércoles», señalaron a A24.com en la Casa Rosada. La misma frase se viene repitiendo casi semanalmente desde que empezó la gestión: la última «promesa» había sido el viernes pasado.Si esta vez se ratifica, va a empezar a cumplirse la letra chica del contrato entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, sellado en 2019, por el cual el primero se convirtió en Presidente de la Nación. Según pudo saber A24.com, la expresidenta busca quedar liberada de todas las causas judiciales que amenazan a ella y a sus hijos, el diputado Máximo y a Florencia Kirchner. La inmunidad es lo primero.Colateralmente, busca complicar judicialmente al expresidente Mauricio Macri con causas de espionaje o corrupción administrativa; y acumular el mayor poder posible en el Estado para el kirchnerismo duro para posicionar a Máximo y a Axel Kicillof para 2023.

Según pudo saber A24.com, desde la oposición de Juntos por el Cambio comenzaron a mostrar los dientes. En el Senado, ese bloque usará el poder de bloqueo de los dos tercios, que ya demostró que tiene, para condicionar el nombramiento de eventuales jueces supremos y del juez federal Daniel Rafecas como procurador general de la Nación.En Diputados, los miembros de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica acordaron tomar posiciones en conjunto y buscar apoyo de otros bloques opositores para impedir reformas que signifiquen un traje a medida para el kirchnerismo. El antecedente ocurrió con el rechazo a la expropiación de Vicentin y a la derogación de un DNU de escuchas telefónicas que las sacaba de la Corte y las dejaba en manos del futuro procurador general.

El Presidente tiene otros objetivos inmediatos y perentorios: quiere dejar atrás la pesadilla de la pandemia por el coronavirus y presentar un horizonte de futuro y recuperación económica, para lo cual prepara para la semana próxima una batería de 60 medidas para reactivar la producción, el consumo y dar incentivos fiscales. Pero la reforma judicial podría trasladar la agenda al conflicto ineludible con la oposición.

En los bloques de Juntos por el Cambio, tomaron nota de las embestidas judiciales del Gobierno por impulso de Cristina y denuncian:Que quiere retrotraer los traslados de jueces que podrían complicarla desde el Consejo de la Magistratura; controló el organismo que protege a los arrepentidos.
Que quiere forzar la renuncia del procurador interino Eduardo Casal para liberar esa silla para Rafecas.
Que activó a la Oficina Anticorrupción para que desista de ser querellante en causas que la preocupaban.
Y que quiere liberar a Cristóbal López de deudas tributarias con la moratoria fiscal, entre otras cosas.

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